Jorge Lanata, Víctor Hugo Morales y la riqueza colectiva

En los últimos días la agenda mediática da cuenta de una discusión entre dos periodistas: Jorge Lanata –claro opositor al gobierno kirchnerista- Víctor Hugo Morales –explícito defensor del gobierno- (acá un breve resumen). Básicamente Lanata sostuvo públicamente que Víctor Hugo había cobrado más de un millón de dólares por el programa “De Zurda” –financiado por Telesur-, éste lo niega, y ambos se exigen que muestren sus respectivos contratos. Antes de seguir quisiera aclarar que no escucho a ni a Lanata ni a Víctor Hugo, ni tampoco los veo en mi pequeña televisión –que únicamente enciendo cuando hay una pelota rodando-.

Un argumento que ha esbozado Lanata en una maniobra que se presenta de modo simultáneo como un contrataque y una defensa, y que es repetido a propósito de otros programas como 678, es el siguiente: “A Víctor Hugo le pagamos el contrato entre todos, colectivamente, y entonces tenemos derecho a saber cuánto cobra. En cambio, yo trabajo para un privado y no me pueden exigir que informe lo que cobro.” En la medida en que la Televisión Pública aporta dinero a Telesur entiendo que la primera parte del argumento es correcto: efectivamente el dinero cobrado por Víctor Hugo se ha generado colectivamente. Ahora bien, el punto problemático es creer que porque Lanata trabaja en el “Grupo Clarín”, en un grupo privado, su sueldo no proviene de una riqueza generada de modo colectivo.

Una huella que antes que Karl Marx ya había encontrado Pierre-Joseph Proudhon indica que toda riqueza se genera de modo colectivo, de manera conjunta. Incluso el trabajo en conjunto y de forma organizada tiene un plus respecto del trabajo individual: por ejemplo –Proudon no utiliza éste sino el del obelisco de Luxor- 10 personas trabajando juntas durante una hora posiblemente avancen más en la construcción de una casa que una persona trabajando diez horas. Sin embargo, el problema radica en que si bien la riqueza se genera de modo colectivo, en conjunto, y organizado, existe es una apropiación individual de parte de esa riqueza: por ejemplo, un accionista de una empresa cementara se apropia de una riqueza que es generada por un conjunto de trabajadores y trabajadoras a quienes posiblemente ni conozca.

La riqueza que es transferida a los bolsillos de Víctor Hugo Morales y de Jorge Lanata tiene, en algún punto, un origen colectivo. El Estado pero también los privados se apropian de riqueza generada en conjunto. No sé si esto implica que ambos tienen que mostrar sus contratos, pero tal vez sí implique mejorar los argumentos, para lo cual quizás sea recomendable bajar un poquito la radio y apagar un buen rato la tele.  

          

Notas sobre el matrimonio igualitario. Amores abyectos

Ayer 15 de julio se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley 26.618 que, entre otros, modificó  el artículo 172 del código civil y reguló el matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes, dando lugar al denominado “matrimonio igualitario.” El proceso legislativo estuvo precedido por algunas sentencias judiciales que, desde el 2009, venían permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es así que en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el casamiento fue permitido en las siguientes casusas: “Freyre, Alejandro y otro c. GCBA sobre amparo”, resuelta el 10 de noviembre de 2009,  a las que le siguieron “Arias, Diego de Jesús y otro c. GCBA sobre amparo”; “Báez, Alberto Daniel y otro c. GCBA sobre amparo”; “Fernández, Alberto Darío y otro c. GCBA sobre amparo”; Bernath, Damián Ariel y otros c. GCBA sobre amparo”; “Luna, Alejandro Luis y otros c. GCBA sobre amparo”, “Castillo, Norma Edith otros c. GCBA sobre amparo”; “Canevaro, Martín y otros c. GCBA sobre amparo”. Por su lado el Tribunal Oral Criminal nº2 de la Ciudad de La Plata permitió el matrimonio en “Dessio Verónica y Pérez Carolina Paola s/amparo.”

La sanción de la ley implicó logro muy importante en materia de igualdad de derechos, y fue un gran avance en la región, aunque la regulación jurídica del matrimonio que no distingue entre igualdad o diferencia de sexo –o que sí distingue, pero no impone efectos jurídicos diferenciales- ya existía en los siguientes Estados: Países Bajos (desde 2001), Bélgica (desde 2003), España (desde 2005), Canadá (desde 2005), Sudáfrica (desde 2006), Noruega (desde 2009), Suecia (desde 2009), Portugal (desde 2010), Islandia (desde 2010). También existía en seis de los Estados Unidos: Massachusetts (desde 2004), Connecticut (desde 2008), Iowa (desde 2009), Vermont (desde 2009), New Hampshire (desde 2010), Washington D.C. (desde 2010). Asimismo, para ese entonces, varios Estados contaban con algún otro tipo de regulación jurídica para las parejas del mismo sexo, aunque otorgando menos derechos que los del matrimonio: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa, Suiza. Asimismo, a nivel provincial o estadual, también ya existía en: California, Columbia, New Jersey y Oregon en Estados Unidos; Ciudad de México y Coahuila en México; Rio Grande do Sul en Brasil y; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudades de Río Cuarto y Villa Carlos Paz y Provincia de Río Negro en Argentina.

Pero además de esos antecedentes judiciales y legislativos, no hay que olvidar las luchas de diversas organizaciones que ya desde los años 90 insistían en la necesidad de igualar derechos. Estas organizaciones luchaban por un reconocimiento de derechos, pero también por la necesidad de establecer patrones normativos que reconocieran sus estilos de vida, reconocimiento necesario para llevar adelante una vida vivible. En parte, la condición de posibilidad, aquello que es necesario para desarrollar una vida no abyecta es contar con patrones normativos, culturales y sociales, que reconozcan la legitimidad de diversas formas de vida.  

La ley de “matrimonio igualitario” sin dudas implicó un notable avance en el reconocimiento de derechos, transformó vidas abyectas y expulsadas en vidas vivibles, y en mientras el proceso se estaba desarrollando era muy oportuno apoyar la sanción de la ley (acá un viejo artículo que escribí cuando la Cámara de Diputados le había dado media sanción). De todos modos, ya consolidada la ley es posible establecer algunos reparos. Es importante tener presente que la norma no solamente legitima la institución del matrimonio –figura estrechamente vinculada a la propiedad privada-, sino que sigue sin reconocer, por ejemplo, formas de vida que no se adecuen a los parámetros de la monogamia –sea heterosexual u homosexual-. Incluso con esta norma, hay formas de vida que no son reconocidas como tales, hay subjetividades que no pueden desplegar una vida vivible y se mantienen en un estado de abyección. Incluso con esta norma, pues, hay formas de amor que no pueden ser amores reconocidos.        

Igualdad, inclusión y derecho

El año pasado LOM Ediciones y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile han publicado Igualdad, inclusión y derecho. Lo político, lo social y lo jurídico en clave igualitaria, libro editado por el gran Fernando Muñoz León, Profesor en la Universidad Austral de Chile. El trabajo de compilación de Fernando no estuvo atravesado por una rama jurídica, sino por un problema agobiante en Nuestra América: su labor consistió en rastrear cómo el rayo de la desigualdad centellaba en varias ramas del derecho. Su tarea fue localizar profesores y profesoras que pensaran los problemas desigualitarios que acosan varios de los registros jurídicos.

En términos generales, todos los trabajos son muy sólidos, están muy bien escritos, y en algunos casos presentan un interesante sustento empírico de las afirmaciones. También en términos generales, aunque con importantes excepciones, la línea conceptual a partir de la cual se piensa la igualdad es la trazada por el liberalismo igualitario. Por mis gustos conceptuales eso me genera ciertas dudas. Las mismas que me aparecieron cuando noté que la compilación distingue entre un espacio político, uno social y otro jurídico, puesto que me interesan las líneas conceptuales que corroen la distinción moderna (y tal vez capitalista) entre lo social y lo político, y las que dinamitan las barreras que pretenden separar lo jurídico y lo político. De todos modos, es importante tener en cuenta que lo que hace a un libro bueno no es la correspondencia con los gustos teóricos personales, sino su capacidad para no pasar desapercibido. El libro compilado por Fernando Muñoz  tiene un notable mérito: quienes tratamos de pensar el derecho desde una línea reflexiva generalmente nos quedamos en una tonalidad estrictamente conceptual o cuanto mucho intentamos abordar algunos problemas del derecho público, pero en este caso nos topamos con trabajos que logran perforar las murallas que cuidan de toda reflexión derecho de los contratos, al derecho ambiental, al derecho de familia y al derecho procesal.

El libro compilado por Fernando Muñoz León incluye trabajos muy sólidos y bien escritos, y tiene la notable capacidad de no pasar desapercibido. Quedando a la espera de futuros trabajos, lo felicitamos por esta gran labor.

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A DOCE AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA

El 26 de junio de 2002 no había clima mundialista. El debate público no giraba alrededor de la rabona de rojo, ni de su gol de rodilla. Messi todavía no era dios, Lavezzi era menos fachero, y la cuestión del debut de Pelé estaba relegada a un segundo plano. En el año 2002 la pobreza era de alrededor del 53%, la indigencia rozaba el 25%, la desocupación estaba cerca del 22%, y fue en este contexto que para el 26 de junio cinco organizaciones de desocupados habían decidido cortar cinco de los puentes que conectan la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)-Aníbal Verón había escogido el Puente Pueyrredon para manifestarse.

El MTD-Aníbal Verón era una de las tantas organizaciones de desocupados y desocupadas que se fueron conformando a partir de la segunda parte de la década de 1990. El nombre de Verón, claro está, no hace alusión a la “bruja” sino a quien el 10 de noviembre del año 2000, en el marco de una protesta de trabajadores despedidos de la empresa Atahualpa de Salta, cayó muerto en la ruta nacional 34 con un tiro en la cara. Por entonces, uno de los repertorios de protesta más utilizados por estas organizaciones era el corte de calle o ruta. Como estaban desocupados y desocupadas no podían hacer huelga. Pero además, como no tenían trabajo, acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, no les quedaba otra alternativa que hacerse oír y presionar a las autoridades a través de los cortes. En la actualidad hay otras organizaciones que utilizan el corte de calle como repertorio de protesta, pero hacia el año 2002 quienes cortaban las calles eran los desocupados y las desocupadas.

En el marco de ese angustiante panorama de pobreza, indigencia y desempleo, el 26 de junio las organizaciones se movilizaron exigiendo: a- El pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban hace meses sin cobrar;  b- Aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos; c- Implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; d-Insumos para las escuelas y centros de salud de los barrios; e- Desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión; f- Declaración de solidaridad con la fábrica Zanón ante la amenaza de desalojo. El día anterior, funcionarios del gobierno de Duhalde advirtieron no que resolverían estos problemas urgentes sino que impedirían los cortes, y así fue: Impidieron el corte utilizando una escandalosa represión y no resolvieron ninguno de los problemas.

El 26 de junio Maximiliano Kosteki, de 25 años y militante en el MTD-Guernica, y de Darío Santillán, de 21 años y militante del MTD-Lanús, fueron asesinados en la Estación Avellaneda mientras huían de la represión de la policía y la gendarmería. Al día siguiente, en lugar de condenar la represión, el Diario “Clarín” tituló “la crisis causó dos nuevas muertes.” Como si esto fuera poco, el 29 de junio “Clarín” incluía declaraciones de  Franchiotti –condenado por los asesinatos-, quien decía que los manifestantes habían ido al puente a "combatir” y que había escuchado disparos “de armas de fuego por parte de los manifestantes.” Hoy, a 12 años de la “Masacre de Avellaneda”, se realiza un corte exigiendo justicia. También hoy “Clarín” narra lo sucedido hace doce años sin hacer mención al angustiante contexto socioeconómico y reduce el reclamo de aquella triste jornada diciendo que Maxí y Darío estaban en el puente en “reclamo de planes sociales” (http://www.clarin.com/politica/puente_pueyrredon-kosteki_y_santillan_0_1163883831.html). Pasaron doce años y todavía no han aprendido nada.

   

La deuda como relación de poder

El día lunes se conoció que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomará el caso en el cual el juez Federal del Distrito de Nueva York Thomas Griesa –nombrado por Richard Nixon, miembro del Partido Republicano, en 1972- y la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, condenaron al Estado Argentino a pagar 1300 millones de dólares a los “fondos buitres” (holdouts) que no entraron al canje de la deuda externa argentina. Entre los años 2005 y 2010 la Argentina reestructuró su deuda y acordó con el 93% de los acreedores una quita de capital y una reprogramación de los plazos de pago. El 7% que no aceptó el canje  inició diversos juicios, uno de los cuales es el que comenzaron en el 2007 los fondos NML Capital Ltd. y EM Ltd ante los estrados de Griesa. NML había comprado bonos de la deuda por 40 millones de dólares pero la sentencia obliga al Estado Argentino a pagar la suma de 1300 millones de dólares, abriendo la puerta para reclamos de otros holdouts, pero también de quienes sí aceptaron al canje. Esta sentencia implica un importante obstáculo en la política de acercamiento a los mercados internacional de crédito que se advertía en los últimos tiempos. En este registro debe enmarcarse no solamente el acuerdo con el Club de París, sino también el pago de las sentencias de juicios tramitados en el CIADI (Azurix y Blue Ridge), y el acuerdo con REPSOL como consecuencia de la expropiación.

Bilbao, 2013

Es importante (re)pensar todo este contexto, y quizás particularmente la sentencia del Griesa, no solamente como un problema jurídico o financiero, sino como un problema de poder. En estos casos, y en términos de Maurizzio Lazzarato (La fábrica del hombre endeudado, 2011) en lugar de hablar de finanzas, es preferible aludir a una economía de la deuda que estructura una relación de poder entre acreedores y deudores. A nivel microfísico, cotidiano, la relación acreedor-deudor instituye una relación de poder específica en la cual el sujeto endeudado debe desarrollar un modo de vida que sea compatible con el reembolso. Si se piensa en quien debe pagar el saldo de una tarjeta o un crédito hipotecario, se advierte cómo la economía de la deuda impone en el sujeto endeudado modulaciones de acciones y de tiempos. Al menos en parte, el sujeto endeudado debe ajustar su modo de vida y el diagrama de su futuro a las exigencias del reembolso de la deuda contraída. De la misma manera, a nivel macrofísico, las acciones políticas presentes y futuras de los Estados están moduladas por la economía de la deuda, y ya no son los Estados Imperialistas, sino de modo más sutil las agencias calificadoras de riesgo y en este caso las presentaciones judiciales de grupos de inversores las que hacen que la política estatal se termine ajustando –en más de un sentido- a la capacidad de reembolso.

Teniendo en cuenta lo anterior, creo que lo que tiene Griesa frente a sus ojos, y ha legitimado con su sentencia, no es solamente una causa judicial en la cual unos “buitres” intentan hacerse de ganancias exponenciales, sino que tiene ante sí un laboratorio privilegiado que muestra con total claridad el funcionamiento de la economía de la deuda: un pequeño grupo de acreedores con capacidad de condicionar las acciones presentes y futuras de un deudor. Si esto es así, lo primero que deberíamos hacer es dejar de hablar de “buitres” para referirnos a estos fondos. No solamente porque los buitres no pueden no comerse los animales muertos, sino también porque los fondos “buitres” modulan las acciones de quienes todavía están en vida y tratan de imprimir una vida condicionada, ajustada a los parámetros del pago. Pero además, y esto es lo más difícil, la tarea pendiente radica en cómo (re)pensar las estrategias de resistencia frente a estas tecnologías de poder que, muchas veces, no se presentan como tales.