Curso Intensivo de Posgrado. "El Estado en América Latina"

Curso intensivo de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Última semana para inscribirse

A DOCE AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA

El 26 de junio de 2002 no había clima mundialista. El debate público no giraba alrededor de la rabona de rojo, ni de su gol de rodilla. Messi todavía no era dios, Lavezzi era menos fachero, y la cuestión del debut de Pelé estaba relegada a un segundo plano. En el año 2002 la pobreza era de alrededor del 53%, la indigencia rozaba el 25%, la desocupación estaba cerca del 22%, y fue en este contexto que para el 26 de junio cinco organizaciones de desocupados habían decidido cortar cinco de los puentes que conectan la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)-Aníbal Verón había escogido el Puente Pueyrredon para manifestarse.

El MTD-Aníbal Verón era una de las tantas organizaciones de desocupados y desocupadas que se fueron conformando a partir de la segunda parte de la década de 1990. El nombre de Verón, claro está, no hace alusión a la “bruja” sino a quien el 10 de noviembre del año 2000, en el marco de una protesta de trabajadores despedidos de la empresa Atahualpa de Salta, cayó muerto en la ruta nacional 34 con un tiro en la cara. Por entonces, uno de los repertorios de protesta más utilizados por estas organizaciones era el corte de calle o ruta. Como estaban desocupados y desocupadas no podían hacer huelga. Pero además, como no tenían trabajo, acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, no les quedaba otra alternativa que hacerse oír y presionar a las autoridades a través de los cortes. En la actualidad hay otras organizaciones que utilizan el corte de calle como repertorio de protesta, pero hacia el año 2002 quienes cortaban las calles eran los desocupados y las desocupadas.

En el marco de ese angustiante panorama de pobreza, indigencia y desempleo, el 26 de junio las organizaciones se movilizaron exigiendo: a- El pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban hace meses sin cobrar;  b- Aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos; c- Implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; d-Insumos para las escuelas y centros de salud de los barrios; e- Desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión; f- Declaración de solidaridad con la fábrica Zanón ante la amenaza de desalojo. El día anterior, funcionarios del gobierno de Duhalde advirtieron no que resolverían estos problemas urgentes sino que impedirían los cortes, y así fue: Impidieron el corte utilizando una escandalosa represión y no resolvieron ninguno de los problemas.

El 26 de junio Maximiliano Kosteki, de 25 años y militante en el MTD-Guernica, y de Darío Santillán, de 21 años y militante del MTD-Lanús, fueron asesinados en la Estación Avellaneda mientras huían de la represión de la policía y la gendarmería. Al día siguiente, en lugar de condenar la represión, el Diario “Clarín” tituló “la crisis causó dos nuevas muertes.” Como si esto fuera poco, el 29 de junio “Clarín” incluía declaraciones de  Franchiotti –condenado por los asesinatos-, quien decía que los manifestantes habían ido al puente a "combatir” y que había escuchado disparos “de armas de fuego por parte de los manifestantes.” Hoy, a 12 años de la “Masacre de Avellaneda”, se realiza un corte exigiendo justicia. También hoy “Clarín” narra lo sucedido hace doce años sin hacer mención al angustiante contexto socioeconómico y reduce el reclamo de aquella triste jornada diciendo que Maxí y Darío estaban en el puente en “reclamo de planes sociales” (http://www.clarin.com/politica/puente_pueyrredon-kosteki_y_santillan_0_1163883831.html). Pasaron doce años y todavía no han aprendido nada.

   

La deuda como relación de poder

El día lunes se conoció que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomará el caso en el cual el juez Federal del Distrito de Nueva York Thomas Griesa –nombrado por Richard Nixon, miembro del Partido Republicano, en 1972- y la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, condenaron al Estado Argentino a pagar 1300 millones de dólares a los “fondos buitres” (holdouts) que no entraron al canje de la deuda externa argentina. Entre los años 2005 y 2010 la Argentina reestructuró su deuda y acordó con el 93% de los acreedores una quita de capital y una reprogramación de los plazos de pago. El 7% que no aceptó el canje  inició diversos juicios, uno de los cuales es el que comenzaron en el 2007 los fondos NML Capital Ltd. y EM Ltd ante los estrados de Griesa. NML había comprado bonos de la deuda por 40 millones de dólares pero la sentencia obliga al Estado Argentino a pagar la suma de 1300 millones de dólares, abriendo la puerta para reclamos de otros holdouts, pero también de quienes sí aceptaron al canje. Esta sentencia implica un importante obstáculo en la política de acercamiento a los mercados internacional de crédito que se advertía en los últimos tiempos. En este registro debe enmarcarse no solamente el acuerdo con el Club de París, sino también el pago de las sentencias de juicios tramitados en el CIADI (Azurix y Blue Ridge), y el acuerdo con REPSOL como consecuencia de la expropiación.

Bilbao, 2013

Es importante (re)pensar todo este contexto, y quizás particularmente la sentencia del Griesa, no solamente como un problema jurídico o financiero, sino como un problema de poder. En estos casos, y en términos de Maurizzio Lazzarato (La fábrica del hombre endeudado, 2011) en lugar de hablar de finanzas, es preferible aludir a una economía de la deuda que estructura una relación de poder entre acreedores y deudores. A nivel microfísico, cotidiano, la relación acreedor-deudor instituye una relación de poder específica en la cual el sujeto endeudado debe desarrollar un modo de vida que sea compatible con el reembolso. Si se piensa en quien debe pagar el saldo de una tarjeta o un crédito hipotecario, se advierte cómo la economía de la deuda impone en el sujeto endeudado modulaciones de acciones y de tiempos. Al menos en parte, el sujeto endeudado debe ajustar su modo de vida y el diagrama de su futuro a las exigencias del reembolso de la deuda contraída. De la misma manera, a nivel macrofísico, las acciones políticas presentes y futuras de los Estados están moduladas por la economía de la deuda, y ya no son los Estados Imperialistas, sino de modo más sutil las agencias calificadoras de riesgo y en este caso las presentaciones judiciales de grupos de inversores las que hacen que la política estatal se termine ajustando –en más de un sentido- a la capacidad de reembolso.

Teniendo en cuenta lo anterior, creo que lo que tiene Griesa frente a sus ojos, y ha legitimado con su sentencia, no es solamente una causa judicial en la cual unos “buitres” intentan hacerse de ganancias exponenciales, sino que tiene ante sí un laboratorio privilegiado que muestra con total claridad el funcionamiento de la economía de la deuda: un pequeño grupo de acreedores con capacidad de condicionar las acciones presentes y futuras de un deudor. Si esto es así, lo primero que deberíamos hacer es dejar de hablar de “buitres” para referirnos a estos fondos. No solamente porque los buitres no pueden no comerse los animales muertos, sino también porque los fondos “buitres” modulan las acciones de quienes todavía están en vida y tratan de imprimir una vida condicionada, ajustada a los parámetros del pago. Pero además, y esto es lo más difícil, la tarea pendiente radica en cómo (re)pensar las estrategias de resistencia frente a estas tecnologías de poder que, muchas veces, no se presentan como tales.