martes, 30 de diciembre de 2014

Que no se repita Cromagnon

República de Cromagnon con dos de mis grandes amigos a ver a Callejeros –una banda que seguíamos-, o ir al cumpleaños de un amigo algo más lejano. Decidí ir al cumpleaños. También recuerdo la mañana del 31 de diciembre cuando parte -sólo una parte- de mi desesperación se terminó al saber que mis dos amigos, y mi primo, estaban bien. Lamentablemente no fue el destino de todos y todas.



La tragedia de Cromagnon transformó en opaco el brillo de 194 jóvenes que sin saberlo asistieron a su último recital. Dejó lágrimas desparramadas en familiares, amigos y sobrevivientes. Pero también dejó un imperativo categórico: que no se repita Cromagnon. El rock aplicó rápidamente ese imperativo y en los recitales los colores de las bengalas se reemplazaron por la luz del recuerdo de los 194 pibes y pibas.

Quizás con alguna resonancia agambeniana podría decirse que los únicos testigos integrales de Cromagnon, los únicos que podrían contar acabadamente lo que allí sucedió son los que hoy no están. A pesar de ello siempre atraparon mi atención algunas de las voces utilizadas para narrar lo sucedido: “encierro”, “oscuridad”, “desesperación”, “angustia”, “no saber qué hacer”, “más gente que la permitida”, “dificultad para encontrar la salida”, “culpa por quienes quedaron dentro.” Estas voces se utilizaron para describir lo sucedido aquella noche del 30 de diciembre de 2004, pero podrían bien emplearse para  pintar el encierro en prisión. Ese encierro que algunos –quizás atravesados por un dolor inconmensurable- exigen para los músicos de Callejeros. Que no se repita Cromagnon implica esforzarnos para que no sea necesario volver a pronunciar ni escuchar esas voces, que explican a gritos lo sucedido aquella noche y que volverán como un constante susurro si los músicos vuelven a ser encerrados.    
    

  

sábado, 6 de diciembre de 2014

LA CORPORACIÓN JUDICIAL


En general tengo una mirada muy crítica de la estructura del Poder Judicial en la Argentina. La localización de los tribunales y los juzgados en Palacios muy lejos de los barrios, un horario de atención no solamente muy acotado sino también extremadamente inaccesible para una buena parte de los trabajadores, un escandaloso privilegio en los días de vacaciones, un sistema de prácticas, rituales y lenguajes inaccesibles para la mayoría de la población, son solamente algunos de los aspectos reprochables –que en algunos casos también valen para instituciones legislativas y ejecutivas-.



La tensión entre las estructuras y los agentes atraviesa gran parte de las discusiones en ciencias sociales, pero en este caso puede decirse que a pesar de la pesada estructura del Poder Judicial hay varios funcionarios y funcionarias, jueces y juezas que intentan redefinir algunos de los aspectos reprochables que tiene el Poder Judicial. De todos modos, hay otros agentes que se encargan de reestructurar, de reproducir voluntariamente los peores vicios de la estructura del Poder Judicial. En una entrevista que se publica hoy en La Nación (acá), el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales sostuvo que no existe la corporación judicial: “entre los jueces hay gran diversidad. Es un poder poco corporativo.” Sin embargo luego agregaba que “creo que la protección de una remuneración digna es una actividad en la cual pueden decir que los jueces actuamos corporativamente. Pero en todo lo demás, cada uno tiene total independencia.”  

Esta afirmación es notable puesto que denota un profundo desconocimiento sobre la noción de corporación, que centralmente alude a la defensa y la protección de los intereses económicos de los integrantes que la conforman. El Presidente niega el carácter corporativo del Poder Judicial pero incluye una excepción –la defensa de los intereses económicos- que es la regla de las corporaciones. De todos modos hay algo peor, porque el Presidente defiende el alto nivel del salario de los jueces –comparemos con el sueldo de los médicos y las médicas, los maestros y las maestras, etc.- para que puedan vivir dignamente sin recurrir a prácticas que pongan en juego su estabilidad. En primer lugar cabe preguntarse: ¿Si un juez o jueza tiene un salario que le alcanza para llevar una vida digna, qué tipo de vida tienen aquellos y aquellas cuyo salario es notablemente inferior? Sin embargo hay algo peor: si un juez o jueza se corrompe para poder llevar una vida digna, esa dignidad se ha perdido. Pensar que la dignidad de la vida se reduce a mantener un nivel de ingresos quizás sea un muy ajustado retrato de la corporación judicial. Ojalá que no

martes, 18 de noviembre de 2014

Las ausencias del 13N

Entiendo que es bastante frecuente situar la clave de la política en aquello que se dice, que se manifiesta, que se expone públicamente, pero creo que también es interesante tratar de entender lo que se expone a la luz de lo que se esconde, lo que se dice a la luz de lo que se silencia o de lo que simplemente se susurra. No se trata de pensar lo político a partir de las ausencias, sino de mostrar cómo ciertas ausencias permiten comprender de modo más preciso aquello que se hace presente. Según creo, a partir de este juego de oposiciones es posible sacar algunas conclusiones sobre el 13N.
Es claro que una primera aproximación a las ausencias del 13N no puede sino hacer foco en la escasa participación, en la ausencia de individuos en las calles, y dentro del juego de oposiciones que propuse, un contraste interesante indica que en la convocatoria figuraban esquinas de los barrios más acaudalados de la Ciudad de Buenos Aires, pero no había puntos en los barrios más pobres. 



Más allá de la escasa convocatoria, uno de los grandes focos de queja ha sido la corrupción, y es así que una pancarta rezaba –en una lógica de reducir lo político a lo monetario-: “Para los K la década ganada, para el pueblo la década afanada.” Aquí es interesante tener en cuenta que quienes se han manifestado en contra de la corrupción estatal –por cierto repudiable- posiblemente nunca se hayan manifestado en contra de la corrupción privada, dentro del cual se inscribe un gran abanico de prácticas que van desde la evasión y elusión impositiva hasta la contratación de trabajadores sin registrar. Exponer solamente la corrupción estatal no solamente silencia la corrupción privada, sino que si tomamos la experiencia menemista como laboratorio conceptual nos permite extraer algunas conclusiones.

Afortunadamente para una gran parte de la población hay un sentido común que indica que el menemismo fue una década infame. De todos modos si se expone a la década menemista solamente como una década corrupta, se está ocultando aquello que es al menos tan escandaloso como la corrupción: el neoliberalismo. En este punto resulta por demás interesante que en las protestas de la segunda parte de la década de 1990, los movimientos sociales que resistían al neoliberalismo no centraban su atención en la corrupción sino que articulaban sus reclamos en torno a derechos y a políticas. Reclamaban por el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra, y acompañaban la realización de estos derechos con propuestas políticas concretas: no al pago de la deuda externa, la estatización de las empresas privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, etc.

En el 13N las demandas no se articularon en torno a los derechos: nadie pedía por el derecho de los trabajadores despedidos de Lear, ni por mayores sueldos para los trabajadores de la educación y la salud, ni por el derecho a la tierra vulnerado por el extractivismo. Tampoco se exigieron políticas públicas concretas, y estos silencios permiten alumbrar lo que se exponía en la frase: “Para los K la década ganada, para el pueblo la década afanada.” Si algunos sectores de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires han perdido ciertos privilegios durante esta década, ello no se explica –incluso cuando efectivamente existan- por prácticas de corrupción, sino por prácticas políticas y de consagración y materialización de derechos de los sectores más postergados de la sociedad. Aunque personalmente creo que se podría haber avanzado mucho más, buena parte de los derechos materializados en la asignación universal por hijo, el aumento del presupuesto educativo y las moratorias jubilatorias, necesariamente han implicado atenuar algunos privilegios de las clases más favorecidas. Sin embargo al enunciar que estas pérdidas se deben a la corrupción, al afano, se silencia la opinión que estos sectores privilegiados tienen sobre estas políticas que consagrando derechos intentan atenuar la escandalosa situación en la que todavía viven los sectores más excluidos de la sociedad. No nos cuentan, quizás porque no se atreven a exponerlo públicamente, si están dispuestos a perder sus privilegios (no sus derechos) para que otros se acerquen a un nivel de vida menos angustiante.

Asimismo, otro de los focos ha sido la inseguridad, que también supone un tipo de reclamo que oculta mostrando, porque por un lado expone un tipo particular de inseguridad –la inseguridad de ser arrebatado de los bienes-, pero esconde otro tipo de inseguridades –la inseguridad de perder el empleo, de no llegar a concluir los estudios primarios o secundarios, de no contar con los insumos en un hospital-. Esto no implica negar que la inseguridad de bienes y la violencia que acompaña algunos delitos contra la propiedad sea un grave problema a resolver. Simplemente, y nuevamente, rastrear en lo que se silencia permite alumbrar aquello que se enuncia: parece claro que quienes piensan solamente en la seguridad de sus bienes no creen que el camino para lograrla sea avanzar en políticas que garanticen las seguridades laborales, educativas y sanitarias.  

Según creo, este juego de ausencias y presencias permite no solamente llamar la atención sobre lo que no estaba en la agenda del 13N, sino que además permite leer con mayor precisión aquello que sí estaba enunciado. Lo que resta es analizar si este mismo juego de oposiciones permite dar luz ya no sobre los reclamos de algunos manifestantes, sino sobre las proclamas publicitarias de ciertos candidatos.

                            

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Debates con Luis Villavicencio y Alejandro Médici

El año pasado en Rosario, en las jornadas de filosofía del derecho, tuvimos un panel de discusión -intensa pero respetuosa- con Luis Villavicencio (Valparaíso-Chile) y Alejandro Médici (La Pampa). Luis presentó "Mujeres indígenas, cultura y derechos. Hacia una integración articuladora" y Alejandro "El constitucionalismo transformador sudamericano como fundamentación de la teoría constitucional." Yo presenté "Mujeres indígenas, cultura y derechos de otra cultura" realizando algunas críticas a Luis y "Las fracturas del constitucionalismo transformador" exponiendo algunas diferencias con el trabajo de Alejandro. Acá se pueden leer los trabajos y las críticas, que se publicaron hace poquito https://www.academia.edu/8987184/Mujeres_ind%C3%ADgenas_cultura_y_derechos._Hacia_una_articulaci%C3%B3n_integradora

lunes, 27 de octubre de 2014

Presentación de "Crítica y Estilos de Insumisión"

Este miércoles 29 de octubre a las 18.30 en el Instituto Gino Germani se presenta Crítica y Estilos de Insumisión

ÍNDICE 
Oriana Seccia y Claudio Martyniuk. “Prólogo”
Silvia Rivera. “Ludwig Wittgenstein y Fritz Mauthner. “La dimensión trágica del ejercicio crítico”
Mauro Benente. “Poder, ética y sujeto en Michel Foucault. Dudas sobre el cuidado de sí como práctica de resistencia”
José Bellido. “Los rastros de Pierre Legendre en Enrique Marí”
Oriana Seccia. “Diferencia e indiferencia en el pensamiento social contemporáneo. Apuntes para una ciencia social retórica”
Esteban Dipaola. “Verdad y negación del sexo. Una hermenéutica de la sexualidad posmoderna”
Magalí Haber. “(Re)montando imágenes, gestos y palabras: El pasado reciente argentino y las producciones estético-testimoniales de sus herederos”
Paula Viturro Mac Donald. “La revolución de lxs “nada”: una aproximación al debate sobre orientación sexual, identidad de género y discriminación”
Cornelia Vismann. “Las lecciones de escritura del derecho”
Claudio Martyniuk. “Abstracción de lo sensible, impertinencia, esperanza, expediente”


miércoles, 22 de octubre de 2014

Reforma del Código Procesal Penal ¿Cómo pensar nuevas prácticas con sujetos formados con las viejas prácticas?

Si bien no he leído el proyecto de reforma del código procesal penal y cuando lo lea no voy a emitir mayores opiniones porque no es un tema que maneje en profundidad, sí me interesa remarcar que me preocupa la instauración de la prisión primitiva por razones de “conmoción social” y también la expulsión de extranjeros –siendo que la problemática distinción entre nacionales y extranjeros la he abordado en otras oportunidades por ejemplo acá-. Dicho esto me interesa complejizar la discusión.
Con motivo de pensar el caso boliviano como una transición hacia alguna forma de socialismo, estoy trabajando lo que creo que representa una gran dificultad: ¿Cómo pensar transiciones hacia lo nuevo con sujetos formados por lo viejo? ¿Cómo pensar nuevas políticas con sujetos formados por las viejas políticas? La construcción de la subjetividad se delinea en la bisagra, en el umbral, de las tecnologías de gobierno y las tecnologías del yo y el gran dilema que aparece es: ¿Qué esperar, si se quiere avanzar en cambios emancipatorios, de esos sujetos formados y autoformados por aquellas prácticas que desean modificarse? Bajo estas preguntas, que por ahora no tienen respuesta, es que estoy trabajando teorías de la transición.



En el último capítulo de Estado, Poder y Socialismo (1978), Poulantzas –además de modificar sustancialmente su enfoque estructural funcionalista de Poder político y clases sociales en el Estado capitalista­ (1969)- planteaba que el desafío de una vía democrática al socialismo (que no hay que confundir con vía pacífica) o de un socialismo democrático era: “cómo emprender una transformación radical del Estado articulando la ampliación y la profundización de las instituciones de la democracia representativa y de las libertades (que fueron también una conquista de las masas populares) con el despliegue de las formas de democracia directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios.
La línea marcada por Poulantzas es interesante, pero no por ello ajena a dificultades. No queda muy claro qué hacer cuando esa democracia de base no existe ni, agregaría, tampoco contamos con sujetos constituidos en prácticas democráticas radicales. Cuando se sancionó el nuevo Código Civil algunas voces (acá) postularon que la mayor participación popular hubiera transformado al Código en más progresista, y que la concentración de poder siempre tiende a prácticas conservadoras. No solamente estas miradas piensan al poder de modo institucional y bajo sus propias premisas podrían encontrarse ejemplos históricos de condensación de poder con cambios estructurales muy beneficiosos para los sectores populares, sino que no hay garantías que una mayor participación democrática -construida y subjetivada bajo lógicas conservadores- hubiera devenido en un código más progresista. Esto no implica tomar partido por un elitismo ni una tecnocracia, sino tomar muy seriamente el problema de cómo pensar la participación política de sujetos formados y autoformados bajo prácticas e instituciones conservadoras.
Si tomamos el caso del código procesal penal, entiendo que los enunciados sobre la expulsión de  extranjeros y la prisión preventiva con motivo de “conmoción social” retoma parte de esa opinión pública estructurada a partir de empresas mediáticas (no democráticas, no abiertas a la participación popular pero sí muy abiertas a las inversiones privadas). ¿Qué mirada esperar de aquellos que se subjetivan y se construyen a sí mismos como sujetos espectadores? ¿Cómo pensar una seguridad democrática cuando los sujetos se subjetivan a partir de discursos de seguridad reaccionarios? Mientras intentamos responder estas preguntas es claro que uno de los objetivos sería construir otros espacios, distintos y distantes, en donde puedan desarrollarse prácticas que construyan otros sujetos políticos. Creo que el kirchnerismo ha perdido esa oportunidad histórica en el 2003-2005 cuando Néstor Kirchner mantuvo buenas relaciones con varios movimientos sociales, y creo que cierto apoyo actual en y a La Cámpora y Unidos y organizados es un intento de recuperar cierto tiempo perdido. Por ahora es difícil evaluar el potencial de estos espacios –muchas veces bastardeados por las empresas mediáticas-, pero no es difícil pronosticar que los sectores políticos que reducen la política a repartir globos y destacar la personalidad cultural de Marcelo Tinelli, o que desde el comedor de Mirta Legrand instan a despertar en los televidentes su lado más reaccionario y junten firmas para decirle no a un proyecto de código penal, no están pensando en construir espacios en los cuales la construcción de la subjetividad se realice a partir de prácticas democráticas.

Todavía con algunas dudas, creo que la expulsión de los extranjeros y la prisión preventiva por motivos de “conmoción social” recoge cierta demanda popular construida bajo las peores prácticas, y es por ello que debe enmarcarse dentro de ese gran nudo, difícil de desatar, que se pregunta ¿cómo pensar nuevas prácticas  con sujetos formados con las viejas prácticas? 

viernes, 1 de agosto de 2014

Poder disciplinario y derecho en Michel Foucault. Notas críticas

Acá un trabajo con algunas críticas al modo en que Foucault conceptualizó la relación entre poder disciplinario y derecho. Usando sus mismos ejemplos históricos y el mismo material de archivo que había empleado Foucault.

miércoles, 23 de julio de 2014

Jorge Lanata, Víctor Hugo Morales y la riqueza colectiva

En los últimos días la agenda mediática da cuenta de una discusión entre dos periodistas: Jorge Lanata –claro opositor al gobierno kirchnerista- Víctor Hugo Morales –explícito defensor del gobierno- (acá un breve resumen). Básicamente Lanata sostuvo públicamente que Víctor Hugo había cobrado más de un millón de dólares por el programa “De Zurda” –financiado por Telesur-, éste lo niega, y ambos se exigen que muestren sus respectivos contratos. Antes de seguir quisiera aclarar que no escucho a ni a Lanata ni a Víctor Hugo, ni tampoco los veo en mi pequeña televisión –que únicamente enciendo cuando hay una pelota rodando-.
Un argumento que ha esbozado Lanata en una maniobra que se presenta de modo simultáneo como un contrataque y una defensa, y que es repetido a propósito de otros programas como 678, es el siguiente: “A Víctor Hugo le pagamos el contrato entre todos, colectivamente, y entonces tenemos derecho a saber cuánto cobra. En cambio, yo trabajo para un privado y no me pueden exigir que informe lo que cobro.” En la medida en que la Televisión Pública aporta dinero a Telesur entiendo que la primera parte del argumento es correcto: efectivamente el dinero cobrado por Víctor Hugo se ha generado colectivamente. Ahora bien, el punto problemático es creer que porque Lanata trabaja en el “Grupo Clarín”, en un grupo privado, su sueldo no proviene de una riqueza generada de modo colectivo.
Una huella que antes que Karl Marx ya había encontrado Pierre-Joseph Proudhon indica que toda riqueza se genera de modo colectivo, de manera conjunta. Incluso el trabajo en conjunto y de forma organizada tiene un plus respecto del trabajo individual: por ejemplo –Proudon no utiliza éste sino el del obelisco de Luxor- 10 personas trabajando juntas durante una hora posiblemente avancen más en la construcción de una casa que una persona trabajando diez horas. Sin embargo, el problema radica en que si bien la riqueza se genera de modo colectivo, en conjunto, y organizado, existe es una apropiación individual de parte de esa riqueza: por ejemplo, un accionista de una empresa cementara se apropia de una riqueza que es generada por un conjunto de trabajadores y trabajadoras a quienes posiblemente ni conozca.
La riqueza que es transferida a los bolsillos de Víctor Hugo Morales y de Jorge Lanata tiene, en algún punto, un origen colectivo. El Estado pero también los privados se apropian de riqueza generada en conjunto. No sé si esto implica que ambos tienen que mostrar sus contratos, pero tal vez sí implique mejorar los argumentos, para lo cual quizás sea recomendable bajar un poquito la radio y apagar un buen rato la tele.  

          

miércoles, 16 de julio de 2014

Notas sobre el matrimonio igualitario. Amores abyectos

Ayer 15 de julio se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley 26.618 que, entre otros, modificó  el artículo 172 del código civil y reguló el matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes, dando lugar al denominado “matrimonio igualitario.” El proceso legislativo estuvo precedido por algunas sentencias judiciales que, desde el 2009, venían permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es así que en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el casamiento fue permitido en las siguientes casusas: “Freyre, Alejandro y otro c. GCBA sobre amparo”, resuelta el 10 de noviembre de 2009,  a las que le siguieron “Arias, Diego de Jesús y otro c. GCBA sobre amparo”; “Báez, Alberto Daniel y otro c. GCBA sobre amparo”; “Fernández, Alberto Darío y otro c. GCBA sobre amparo”; Bernath, Damián Ariel y otros c. GCBA sobre amparo”; “Luna, Alejandro Luis y otros c. GCBA sobre amparo”, “Castillo, Norma Edith otros c. GCBA sobre amparo”; “Canevaro, Martín y otros c. GCBA sobre amparo”. Por su lado el Tribunal Oral Criminal nº2 de la Ciudad de La Plata permitió el matrimonio en “Dessio Verónica y Pérez Carolina Paola s/amparo.”
La sanción de la ley implicó logro muy importante en materia de igualdad de derechos, y fue un gran avance en la región, aunque la regulación jurídica del matrimonio que no distingue entre igualdad o diferencia de sexo –o que sí distingue, pero no impone efectos jurídicos diferenciales- ya existía en los siguientes Estados: Países Bajos (desde 2001), Bélgica (desde 2003), España (desde 2005), Canadá (desde 2005), Sudáfrica (desde 2006), Noruega (desde 2009), Suecia (desde 2009), Portugal (desde 2010), Islandia (desde 2010). También existía en seis de los Estados Unidos: Massachusetts (desde 2004), Connecticut (desde 2008), Iowa (desde 2009), Vermont (desde 2009), New Hampshire (desde 2010), Washington D.C. (desde 2010). Asimismo, para ese entonces, varios Estados contaban con algún otro tipo de regulación jurídica para las parejas del mismo sexo, aunque otorgando menos derechos que los del matrimonio: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa, Suiza. Asimismo, a nivel provincial o estadual, también ya existía en: California, Columbia, New Jersey y Oregon en Estados Unidos; Ciudad de México y Coahuila en México; Rio Grande do Sul en Brasil y; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudades de Río Cuarto y Villa Carlos Paz y Provincia de Río Negro en Argentina.


Pero además de esos antecedentes judiciales y legislativos, no hay que olvidar las luchas de diversas organizaciones que ya desde los años 90 insistían en la necesidad de igualar derechos. Estas organizaciones luchaban por un reconocimiento de derechos, pero también por la necesidad de establecer patrones normativos que reconocieran sus estilos de vida, reconocimiento necesario para llevar adelante una vida vivible. En parte, la condición de posibilidad, aquello que es necesario para desarrollar una vida no abyecta es contar con patrones normativos, culturales y sociales, que reconozcan la legitimidad de diversas formas de vida.  

La ley de “matrimonio igualitario” sin dudas implicó un notable avance en el reconocimiento de derechos, transformó vidas abyectas y expulsadas en vidas vivibles, y en mientras el proceso se estaba desarrollando era muy oportuno apoyar la sanción de la ley (acá un viejo artículo que escribí cuando la Cámara de Diputados le había dado media sanción). De todos modos, ya consolidada la ley es posible establecer algunos reparos. Es importante tener presente que la norma no solamente legitima la institución del matrimonio –figura estrechamente vinculada a la propiedad privada-, sino que sigue sin reconocer, por ejemplo, formas de vida que no se adecuen a los parámetros de la monogamia –sea heterosexual u homosexual-. Incluso con esta norma, hay formas de vida que no son reconocidas como tales, hay subjetividades que no pueden desplegar una vida vivible y se mantienen en un estado de abyección. Incluso con esta norma, pues, hay formas de amor que no pueden ser amores reconocidos.        

miércoles, 2 de julio de 2014

Igualdad, inclusión y derecho

El año pasado LOM Ediciones y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile han publicado Igualdad, inclusión y derecho. Lo político, lo social y lo jurídico en clave igualitaria, libro editado por el gran Fernando Muñoz León, Profesor en la Universidad Austral de Chile. El trabajo de compilación de Fernando no estuvo atravesado por una rama jurídica, sino por un problema agobiante en Nuestra América: su labor consistió en rastrear cómo el rayo de la desigualdad centellaba en varias ramas del derecho. Su tarea fue localizar profesores y profesoras que pensaran los problemas desigualitarios que acosan varios de los registros jurídicos.

En términos generales, todos los trabajos son muy sólidos, están muy bien escritos, y en algunos casos presentan un interesante sustento empírico de las afirmaciones. También en términos generales, aunque con importantes excepciones, la línea conceptual a partir de la cual se piensa la igualdad es la trazada por el liberalismo igualitario. Por mis gustos conceptuales eso me genera ciertas dudas. Las mismas que me aparecieron cuando noté que la compilación distingue entre un espacio político, uno social y otro jurídico, puesto que me interesan las líneas conceptuales que corroen la distinción moderna (y tal vez capitalista) entre lo social y lo político, y las que dinamitan las barreras que pretenden separar lo jurídico y lo político. De todos modos, es importante tener en cuenta que lo que hace a un libro bueno no es la correspondencia con los gustos teóricos personales, sino su capacidad para no pasar desapercibido. El libro compilado por Fernando Muñoz  tiene un notable mérito: quienes tratamos de pensar el derecho desde una línea reflexiva generalmente nos quedamos en una tonalidad estrictamente conceptual o cuanto mucho intentamos abordar algunos problemas del derecho público, pero en este caso nos topamos con trabajos que logran perforar las murallas que cuidan de toda reflexión derecho de los contratos, al derecho ambiental, al derecho de familia y al derecho procesal.
El libro compilado por Fernando Muñoz León incluye trabajos muy sólidos y bien escritos, y tiene la notable capacidad de no pasar desapercibido. Quedando a la espera de futuros trabajos, lo felicitamos por esta gran labor.

domingo, 29 de junio de 2014

jueves, 26 de junio de 2014

A DOCE AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA


El 26 de junio de 2002 no había clima mundialista. El debate público no giraba alrededor de la rabona de rojo, ni de su gol de rodilla. Messi todavía no era dios, Lavezzi era menos fachero, y la cuestión del debut de Pelé estaba relegada a un segundo plano. En el año 2002 la pobreza era de alrededor del 53%, la indigencia rozaba el 25%, la desocupación estaba cerca del 22%, y fue en este contexto que para el 26 de junio cinco organizaciones de desocupados habían decidido cortar cinco de los puentes que conectan la Provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)-Aníbal Verón había escogido el Puente Pueyrredon para manifestarse.

El MTD-Aníbal Verón era una de las tantas organizaciones de desocupados y desocupadas que se fueron conformando a partir de la segunda parte de la década de 1990. El nombre de Verón, claro está, no hace alusión a la “bruja” sino a quien el 10 de noviembre del año 2000, en el marco de una protesta de trabajadores despedidos de la empresa Atahualpa de Salta, cayó muerto en la ruta nacional 34 con un tiro en la cara. Por entonces, uno de los repertorios de protesta más utilizados por estas organizaciones era el corte de calle o ruta. Como estaban desocupados y desocupadas no podían hacer huelga. Pero además, como no tenían trabajo, acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, no les quedaba otra alternativa que hacerse oír y presionar a las autoridades a través de los cortes. En la actualidad hay otras organizaciones que utilizan el corte de calle como repertorio de protesta, pero hacia el año 2002 quienes cortaban las calles eran los desocupados y las desocupadas.



En el marco de ese angustiante panorama de pobreza, indigencia y desempleo, el 26 de junio las organizaciones se movilizaron exigiendo: a- El pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban hace meses sin cobrar;  b- Aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos; c- Implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; d-Insumos para las escuelas y centros de salud de los barrios; e- Desprocesamiento de los luchadores sociales y fin de la represión; f- Declaración de solidaridad con la fábrica Zanón ante la amenaza de desalojo. El día anterior, funcionarios del gobierno de Duhalde advirtieron no que resolverían estos problemas urgentes sino que impedirían los cortes, y así fue: Impidieron el corte utilizando una escandalosa represión y no resolvieron ninguno de los problemas.

El 26 de junio Maximiliano Kosteki, de 25 años y militante en el MTD-Guernica, y de Darío Santillán, de 21 años y militante del MTD-Lanús, fueron asesinados en la Estación Avellaneda mientras huían de la represión de la policía y la gendarmería. Al día siguiente, en lugar de condenar la represión, el Diario “Clarín” tituló “la crisis causó dos nuevas muertes.” Como si esto fuera poco, el 29 de junio “Clarín” incluía declaraciones de  Franchiotti –condenado por los asesinatos-, quien decía que los manifestantes habían ido al puente a "combatir” y que había escuchado disparos “de armas de fuego por parte de los manifestantes.” Hoy, a 12 años de la “Masacre de Avellaneda”, se realiza un corte exigiendo justicia. También hoy “Clarín” narra lo sucedido hace doce años sin hacer mención al angustiante contexto socioeconómico y reduce el reclamo de aquella triste jornada diciendo que Maxí y Darío estaban en el puente en “reclamo de planes sociales” (http://www.clarin.com/politica/puente_pueyrredon-kosteki_y_santillan_0_1163883831.html). Pasaron doce años y todavía no han aprendido nada.

   

jueves, 19 de junio de 2014

La deuda como relación de poder


El día lunes se conoció que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomará el caso en el cual el juez Federal del Distrito de Nueva York Thomas Griesa –nombrado por Richard Nixon, miembro del Partido Republicano, en 1972- y la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, condenaron al Estado Argentino a pagar 1300 millones de dólares a los “fondos buitres” (holdouts) que no entraron al canje de la deuda externa argentina. Entre los años 2005 y 2010 la Argentina reestructuró su deuda y acordó con el 93% de los acreedores una quita de capital y una reprogramación de los plazos de pago. El 7% que no aceptó el canje  inició diversos juicios, uno de los cuales es el que comenzaron en el 2007 los fondos NML Capital Ltd. y EM Ltd ante los estrados de Griesa. NML había comprado bonos de la deuda por 40 millones de dólares pero la sentencia obliga al Estado Argentino a pagar la suma de 1300 millones de dólares, abriendo la puerta para reclamos de otros holdouts, pero también de quienes sí aceptaron al canje. Esta sentencia implica un importante obstáculo en la política de acercamiento a los mercados internacional de crédito que se advertía en los últimos tiempos. En este registro debe enmarcarse no solamente el acuerdo con el Club de París, sino también el pago de las sentencias de juicios tramitados en el CIADI (Azurix y Blue Ridge), y el acuerdo con REPSOL como consecuencia de la expropiación.
Bilbao, 2013

Es importante (re)pensar todo este contexto, y quizás particularmente la sentencia del Griesa, no solamente como un problema jurídico o financiero, sino como un problema de poder. En estos casos, y en términos de Maurizzio Lazzarato (La fábrica del hombre endeudado, 2011) en lugar de hablar de finanzas, es preferible aludir a una economía de la deuda que estructura una relación de poder entre acreedores y deudores. A nivel microfísico, cotidiano, la relación acreedor-deudor instituye una relación de poder específica en la cual el sujeto endeudado debe desarrollar un modo de vida que sea compatible con el reembolso. Si se piensa en quien debe pagar el saldo de una tarjeta o un crédito hipotecario, se advierte cómo la economía de la deuda impone en el sujeto endeudado modulaciones de acciones y de tiempos. Al menos en parte, el sujeto endeudado debe ajustar su modo de vida y el diagrama de su futuro a las exigencias del reembolso de la deuda contraída. De la misma manera, a nivel macrofísico, las acciones políticas presentes y futuras de los Estados están moduladas por la economía de la deuda, y ya no son los Estados Imperialistas, sino de modo más sutil las agencias calificadoras de riesgo y en este caso las presentaciones judiciales de grupos de inversores las que hacen que la política estatal se termine ajustando –en más de un sentido- a la capacidad de reembolso.

Teniendo en cuenta lo anterior, creo que lo que tiene Griesa frente a sus ojos, y ha legitimado con su sentencia, no es solamente una causa judicial en la cual unos “buitres” intentan hacerse de ganancias exponenciales, sino que tiene ante sí un laboratorio privilegiado que muestra con total claridad el funcionamiento de la economía de la deuda: un pequeño grupo de acreedores con capacidad de condicionar las acciones presentes y futuras de un deudor. Si esto es así, lo primero que deberíamos hacer es dejar de hablar de “buitres” para referirnos a estos fondos. No solamente porque los buitres no pueden no comerse los animales muertos, sino también porque los fondos “buitres” modulan las acciones de quienes todavía están en vida y tratan de imprimir una vida condicionada, ajustada a los parámetros del pago. Pero además, y esto es lo más difícil, la tarea pendiente radica en cómo (re)pensar las estrategias de resistencia frente a estas tecnologías de poder que, muchas veces, no se presentan como tales.