Macri y la Asignación Universal por Hijo. Un sentido común de la política

El mes de diciembre de 2001 nos trae el recuerdo de la radicalización de un ciclo de protestas que venían protagonizando los movimientos de desocupados desde la segunda parte de la década de 1990, al que se sumaba el hartazgo de clases medias cada vez más empobrecidas. En ese mes corto que culminó un 20 de diciembre con la huida del Presidente De La Rúa en un helicóptero cuyas hélices secaba la sangra derramada en la Plaza de Mayo, los días 14, 15, 16 y 17, en una consulta popular no gubernamental, tres millones de personas adhirieron a la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza. Allí se proponía una política de redistribución de riquezas a partir de la implementación de un seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar desocupados, una asignación universal por hijo menor de 18 años para todos los trabajadores –sean desocupados, precarizados o regularizados,-; y una asignación no inferior a la jubilación mínima para las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 años. El FRENAPO estaba integrado por la CTA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el SERPAJ, el CELS, y otras organizaciones sociales.

El mes de abril de 2003 puede recordarse como uno de los últimos rayos de la tormenta neoliberal, puesto que las elecciones del domingo 27 habían dado como ganador a Carlos Saúl Menem. Elisa Carrió –una Carrió muy distinta a la actual- había quedado fuera del Ballotage y descartada su propuesta de dos ingresos básicos de ciudadanía: el “Ingreso Ciudadano a la Infancia” (INCINI) para niños y niñas hasta los 18 años, y el “Ingreso Ciudadano a Adultos Mayores” (INCIMA). El INCINI tenía como antecedente el proyecto de ley que habían presentado Carrió y Carca en 1997, cuando antes de conocer la continuidad neoliberal de Fernando De La Rúa eran diputadas de la UCR.

La propuesta de una asignación universal se encontraba fuera de la gran política. Estaba en una consulta organizada por una multisectorial que no incluía los grandes partidos políticos, y en un proyecto cajoneado de dos diputadas que huyeron del neoliberalismo radical. Durante dos décadas se mantuvo en los márgenes de la política, pero luego de la derrota electoral de junio en octubre de 2009 Cristina Fernández de Kirchner anunció el dictado de un decreto que instauraba la Asignación Universal por Hijo (AUH). En la actualidad la asignación llega a 3.700.000 menores distribuidos en 1.700.000 hogares. No fue acompañada de una reforma tributaria, en muchos casos no está acompañada de obras de infraestructura (calles, escuelas, servicios básicos, etc.) para los barrios más pobres por lo que por momentos parece una política que permite a los sectores excluidos acceder al consumo pero sin abandonar su situación marginal, y todavía deja afuera extranjeros con menos de tres años de residencia y menores hijos de madres privadas de su libertad. Pero con estos matices, es una extraordinaria política de transferencia de ingresos.  

Con el kirchnerismo la AUH pasó del margen al centro de la gran política, pero no por ello se transformó en una medida apoyada por todo el arco político. Ernesto Sanz, titular de la UCR y promotor del acuerdo con el PRO, no dudó en afirmar que la asignación “se está yendo por la canaleta de la droga y el juego.” Para Miguel del Sel, candidato a gobernador de Santa Fe, la AUH  “ha provocado que se embaracen (niñas de 12 o 13 años) quizá para tener plata a los tres meses.” Sin dudas esto contrasta con la votación ocurrida días atrás, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la actualización automática de los montos de la AUH. Que un partido como el PRO haya apoyado esta iniciativa, que ayer el candidato a Presidente Mauricio Macri haya dicho que de asumir mantendría ese derecho, no creo que sea una novedad en el contexto latinoamericano. En Venezuela, en las elecciones del 2013 el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonski, prometió mantener las misiones sociales impulsadas por el chavismo. En Brasil, en las elecciones del 2014 el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileño, el economista Aécio Neves, prometió mantener el mecanismo de transferencia de ingresos de “Bolsa Familia.”

En el contexto latinoamericano, la correlación de fuerzas, la organización y la movilización social, a partir de la presión y la vinculación con los gobiernos de turno, permitió la implementación de estos grandes mecanismos de transferencia de ingresos. Pero además, lograron imponer un sentido común que presiona a las derechas a que enarbolen un discurso que no les pertenece. Gracias a estos movimientos y estos gobiernos, la Asignación Universal por Hijo pasó de ser una propuesta estructurada en los márgenes de la lucha contra el neoliberalismo, a ser una medida apoyada por los melancólicos de los noventa. Sin embargo, tener en claro que es un discurso que no les pertenece, que son fuerzas políticas que se apoyan más en expertos en marketing que en movimientos sociales, y que apelan al mantenimiento de las políticas de transferencia de ingresos no escuchando a las bases sino a lo alto de la santa publicidad, debe ser la clave para estar atentos ante posibles reflujos conservadores que sobrevuelan la región.